Irán partidos, empresarios y ciudadanos a SCJN y tribunales contra «Reforma Bonilla»
Antonio Heras y Jorge Heras/Lindero Norte
MEXICALI.- Al menos tres partidos políticos recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la ampliación del periodo de la Gubernatura, lo que han considerado como la «Reforma Bonilla», a pesar que fueron sus legisladores los que decidieron cambiar la Constitución de Baja California a iniciativa de Morena.
Las vías jurídicas para revocar esta reforma son la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, amparo de la justicia federal y petición de referéndum que pueden presentar partidos, legisladores, ciudadanos y hasta gobiernos, según sea el caso, explicaron abogados consultados que confiaron en el resultado «favorable a la sociedad» y contra Morena.
Organizaciones empresariales como la Confederación Patronal de de la República Mexicana (Coparmex), capítulos Tijuana, Mexicali y Ensenada, anunciaron que interpondrán un juicio de amparo contra esta reforma constitucional, al tiempo que la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) presentará un recurso similar.
El referéndum es uno de los instrumentos de participación social al alcance de los gobiernos para conocer la aceptación social sobre temas de interés estatal basados en los principios de democracia, justicia y legalidad. En este caso se buscaría conocer si el ciudadano votó por el titular del Poder Ejecutivo y por dos o seis años de gobierno.
De acuerdo al artículo 24 de la Ley de Participación Ciudadana de Baja California se tendría cabida para un «Referéndum constitucional» que tiene por objeto aprobar o rechazar modificaciones, reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución del Estado.
De manera paralela, organizaciones de la sociedad civil exigen juicio político en contra de los 21 diputados que aprobaron la modificacion al artículo Octavo Transitorio de la Constitución para aumentar de dos a cinco años el periodo gubernamental de Jaime Bonilla de Morena.
De los 21 sujetos a petición de juicio politico son en su mayoría panistas (nueve), cinco priistas, tres morenistas y uno de Transformemos, una petista, otra perredista y un mcista. El problema que enfrentarán los promoventes es que la solucitud se canaliza a través del propio Congreso local, cuya mayoría calificada a partir del 1 de agosto será morenista con sus aliados (Transformemos, PT y PVEM) y hasta que concluya la actual Legislatura, en dos semanas, operará esta «nueva mayoría» integrada por tres morenistas, una petista, uno de Transformemos, cinco priistas amonestados y 11 «independientes» (nueve ex panistas, una experredista y un mcista).
El PRD, a través de Jaime Martínez Veloz, advirtió que de no actuar en contra del dictamen del Congreso local para la modificación constitucional “sentaría un precedente peligroso para el país”. Mientras que su dirigente Abraham Correa dio a conocer que quitó la representación parlamentaria de la diputada Rocío Lopez Gorosove que no se puede expulsar por no ser militante.
El dirigente de Acción Nacional José Luis Ovando reiteró que su partido irá a la SCJN para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la «Reforma Bonilla», además que desconocieron a nueve legisladores para quedar su grupo parlamentario integrado por tres diputados. De los nueve «golpistas» con siete se inició el proceso de expulsión por ser militantes y precisó que las dos restantes son ciudadanas.
El PRI también coincide con presentar la acción de inconstitucionalidad contra la reforma, mientras que existe una confrontación sobre los diputados pues la dirigencia nacional solo promovió un extrañamiento, a diferencia del dirigente en Mecicali, Roberto Martín del Campo, que exigió que expulsaran a los cinco legisladores.
Las representaciones partidistas coincidieron en señalar que a los integrantes de sus bancadas se les advirtió sobre las consecuencias de votar a favor del cambio de la constitución para aumentar años a la administración estatal.
El 25 de julio será la última sesión de la XXII Legislatura donde trascendió que la «nueva mayoría» nombrará al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y aprobará las cuentas públicas del Poder Legislstivo de 2018 y 2019.
Cabe señalar que la designación del próximo titular de Derechos Humanos, que caerá en la persona de Miguel Ángel Mora Marrufo, quien ha trabajado en este lrgsbo autónomo desde el 2009, fue acordado por todas las fuerzas políticas desde hace más de un mes, pero se negaron a incluirlo en el orden del día de la sesión controvertida del lunes 8 de julio, porque los diputados sabrían que sería impugnada.
En esa sesión nocturna sí fueron nombrados los 4 comisionados de Transparencia y el Auditor Superior.
Desde el interior de la nueva integración del Congreso se plantea hacer una sesión extraordinaria el 18 de julio para aprobar el acta constitutiva de la última sesión en la que se amplió el periodo de la gubernatura con 22 votos a favor y uno nulo.