Expediente Político
Por.- Alfredo Calva
La presidente municipal del VIII Ayuntamiento en Playas de Rosarito, Aracely Brown Figueredo, incumplió con la palabra empeñada a sus conciudadanos en el sentido de que todos sus colaboradores serían personajes radicados en Rosarito, al integrar en su gabinete perfiles domiciliados, principalmente, en el municipio de Tijuana, y aderezó algunas de sus designaciones con fuertes visos y aromas de corrupción.
Los principales ejemplos, Enrique Díaz Pérez, Yolanda Daniela Urbina Vázquez y Jaime Ibarra Acevedo (nombrado hace unos días), asignados por la primer edil en las titularidades de la Secretaría de Administración Urbana, Vialidad y Transportes y Oficialía Mayor, respectivamente.
Los dos primeros, son dignos representantes de lo que es una mala imagen y pésima fama pública en el desempeño de sus funciones en la administración pública municipal, y el restante, solo carga con su mala fama pública, dentro del sector transportista, ya que hasta ahora tendrá la oportunidad de medrar con las arcas municipales.
Díaz y Urbina formaron durante la pasada administración municipal encabezada por la expanista Mirna Rincón Vargas, una dupla altamente corrosiva a los intereses de permisionarios y trabajadores del transporte público que no se han sometido al dominio y capricho de los propietarios de las empresas del transporte masivo, Quinto Municipio y Transportes Amaro y liderazgos asociados, quienes eran y continúan dictando las consignas de actuación de la dependencia.
Con instrucciones precisas de sus manipuladores, utilizaron el área de inspección para violentar de todas las formas ilegales que se les ocurrió, los derechos de los permisionarios y trabajadores del volante, durante los casi tres años de la corrupta gestión de Rincón Vargas, y aunque se apilaron las denuncias de las corruptelas e ilegalidades cometidas por Díaz Pérez y su mano derecha, Urbina Vázquez, en la Sindicatura Procuradora, su titular, Miguel Ángel Vila, no sólo solapo sino que encubrió con su pasmosa y corrupta pusilanimidad las trapacerías de la nociva dupla, contribuyendo con ello, al caudal de impunidad que registró su paso por la dependencia.
Por lo que respecta al “flamante» Oficial Mayor, Jaime Ibarra Acevedo, segundo titular en esa posición en la naciente administración, es el clásico dirigente transportista, acaparador de permisos que usufructúa a través de la explotación de trabajadores del volante, obtenidos a través de turbias negociaciones y oscuros acuerdos con la autoridades municipales en turno.
Lo más cercano que ha estado Ibarra Acevedo a una experiencia gubernamental, fue al final del gobierno municipal de Hugo Torres Chabert, cuando se vio involucrado en un asunto de falsificación de documentos y firmas de 157 permisos de taxis,-cuestión legal que por oscuros acuerdos no llegó a los juzgados-, en contubernio con el entonces subdirector de Vialidad y Transportes, Jorge Flores, quién por “extrañas» coincidencias de la política, en el gobierno de Brown Figueredo, ostenta el mismo cargo en la misma dependencia.
Señala la conseja popular, “que si camina como pato, tiene plumas como pato, pico como pato y grazna como pato, entonces es un pato”, por lo que, no se requiere tener el IQ de Einstein para vislumbrar que, si fueron altamente proclives a los actos de corrupción en sus encomiendas anteriores, es casi una realidad que lo repitan en las nuevas posiciones.
Pronto lo sabremos.
Y mientras tanto….
En la dirección de Vialidad y Transporte en Rosarito, campea con singular alegría la imbecilidad, ya que a sus inspectores les ha dado por querer infraccionar a las unidades de transporte particulares.