FISAMEX se profesionalizó en ‘auditorias’ del agua en el gobierno de “Kiko” Vega

TIJUANA.- La empresa FISAMEX se dedicaba a la venta de “ahorradores” de agua y su experiencia en la auditoria en el consumo del vital líquido la inició en el último año del gobierno de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.
Además no existe antecedente en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) de la presentación del sistema que usa para determinar la medición del presunto robo de agua por un comercio, tienda, empresa, parque industrial o plaza comercial.
Manuel García Soto, director de FISAMEX, con razón social Romafam S.A. de C.V., se ha dedicado a señalar a empresas locales, nacionales y extranjeras, como dedicadas al robo de agua, bajo el uso de dobles tomas o tener descarga de desechos sin pagar el impuesto por el drenaje.
Pero de otras, simplemente refiere que deben pagar más por el consumo debido a que nunca tuvieron un contrato con la paraestatal del agua o ésta lo hizo mal, pues deben pagarlo por cada metro cuadrado del terreno y no por el área de consumo.
Para el presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosa Jiménez, es raro que ni siquiera auditores de Fismex ingresen a la empresa investigada para hacer la auditoría.
“Y en base a cálculos que no están contemplados de la propia ley o la normatividad de la Comisión Estatal, ellos cobran”, indicó.
FISAMEX es presentada por el Estado como una empresa con amplia experiencia en ese tipo de auditorías, pero carece de la misma, de acuerdo a contratos del propio Gobierno del Estado en el sexenio de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.
El 16 de octubre de 2016, tuvo su primer contrato con el número de convenio 197/2016, el cual consta de 10 páginas, con un importe de pago por 62 mil pesos.
García Soto lo firmó entonces como administrador único de la empresa GC&M Dispositivos Economizadores de Agua S.A. de C.V..
El convenio era con el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales De los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) para disminuir el consumo del líquido en el hospital de Mexicali y la clínica del fraccionamiento Las Palmas en Tijuana, con ahorradores a través de la tecnología conocida como DISEA M.
Fue en 2019, cuando estaba a punto de concluir la administración de “Kiko” Vega, cuando el Estado entonces de extracción panista le dio un último contrato ahora con CESPT. Era de auditor de cuentahabientes grandes. Entonces su comisión era del 25% por cada pago logrado.
El periodista Sergio Anzures en su columna Ajedrez Político expuso García Soto denunció que nunca recibió su comisión del 25% por cada peso cobrado, según el acuerdo del contrato de prestación de servicios AD-SERV-30-2018, firmado el 2 de enero del 2019, por el director en turno de la paraestatal Germán Lizola Márquez y David Enrique Castañeda Ruiz, en ese entonces representante de FISAMEX.
Por eso el gobernador Bonilla Valdez expuso en una de sus videotransmisiones en redes sociales que sólo le renovaron su contrato en 2020.
El nuevo acuerdo de prestación de servicio es el AD-SERV-01-2020. Convenio firmado el 28 de febrero pasado entre la CESPT y Romafam S.A. de C.V., pero ahora sólo recibirá de comisión el 20%, más IVA, por cada peso pagado.
En mayo pasado, Manuel García enlistó a una serie de empresas, incluido el Aeropuerto de Tijuana, quien tras un cierre por 20 minutos, terminó por pagar 32 millones de pesos por agua no contabilizada.
Al respecto, el presidente de Coparmex Tijuana consideró el gobernador Bonilla Valdez no debería violentar los principios de confidencialidad, porque al dar los nombres de las empresas las afecta, pues “no todas son culpables”.
Eso no significa que la Cámara no apoye la transparencia y la cero tolerancia a la corrupción, expuso.
El nuevo contrato que tiene García Soto fue por adjudicación directa, pues no existió un concurso para una licitación.
Según sus estimaciones, el adeudo es por 2 mil 131 millones 957 mil 389 pesos. Al día de hoy empresas han pagado unos 800 millones, es decir que FISAMEX ya cobró 160 millones de pesos.
Rosas Jiménez explicó que muchas empresas pagan no por ser culpables sino porque no pueden detener sus operaciones, pero a la par iniciaron juicios que están seguros van a ganar porque las auditorías no están apegadas a las normas jurídicas.
El problema lo tendrá el próximo sexenio, cuando el mandatario en turno deba pagar el dinero cobrado, además de intereses y costas del juicio, por ende la sociedad será la afectada porque el recurso saldrá de los impuestos, dijo.
Aunque el contrato entre CESPT y FISAMEX determina que si existiesen demandas, esta última hará frente a las mismas, incluso los pagos.