Incrimina FGR a pescadores de San Felipe con llamadas editadas: abogados
Antonio Heras
MEXICALI.- Carmen Ávila, es una pescadora sobreviviente de cáncer y de los decretos que prohiben la pesca en los polígonos del Alto Golfo de California.
La pesca es la principal actividad de este puerto mexicalense, ubicado a 200 kilómetros de la frontera, es la pesca, pero se encuentra en veda desde hace ocho años y restringida en por lo menos 18 años. La paradoja es que con una economía deprimida, el gobierno de Morena pretende convertirlo en el séptimo municipio de Baja California.
Esta mujer preside la Sociedad Cooperativa de Producción Agrícola «Ignacio Zaragoza», integrada por pescadores sanfelipense que comercializa productos del mar, sobre todo camarón y curvina golfina.
En septiembre de 2020, Carmen se convirtió en la principal opositora del decreto presidencial de Cero Tolerancia para la pesca en el Alto Golfo de California al argumentar que dejaron en desamparo a los pescadores ribereños y terminará por convertir a San Felipe como puerto fantasma.
En representación de un centenar de pescadores de este puerto mexicalense acusó al gobierno mexicano de criminalizar la pesca y a los pescadores; 40 días después fue detenida en un operativo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) con personal de las secretarias de Marina y Defensa Nacional.
La acusan de delincuencia organizada por lo que se encuentra recluida en el Centro Federal de Reinserción Social #1 de Hermosillo, Sonora, desde hace seis días. Los primeros tres días estuvo incomunicada, sin medicamento para la alta presión ni de su tratamiento oncológico.
Otro delito por el que es acusada es la pesca de especies prohibidas, a partir de la intervención de teléfonos. En dos fragmentos de llamadas telefónicas, la Fiscalía General de la República advierte en la carpeta de investigación que se habla de «grandes compras» de especies, aunque en la conversación Carmen se refiere a curvina golfina, chano y tiburón.
En el operativo realizado el 9 de noviembre también fueron arrestados cinco hombres habitantes del puerto de San Felipe, acusados de los mismos delitos y que se encuentran en el CEFERESO 11 de la misma localidad sonorense.
Luis Aldaz, presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera «Punta Estrella», fue detenido en la Ciudad de México. La prueba de los fiscales es una grabación donde reconoce la compraventa de camarón.
Entre los siete detenidos está Sunshine Rodríguez, quien ha sido liberado en dos ocasiones por acusaciones similares. De manera extraoficial, pues no se ha tenido acceso a otras carpetas de investigación, en este juicio se le adjudican delitos obtenidas por intervenciones telefónicas sin que a ninguno de los encarcelados le hayan decomisado productos marinos prohibidos.
Este domingo, pescadores de San Felipe protestaron en el Centro Cívico de Mexicali para exigir la liberación de Sunshine Rodríguez y de los demás pescadores presos en Sonora por acusaciones de la FGR.
El acceso a este puerto fue cerrado por los manifestantes al bloquear la carretera durante la noche con la misma exigencia.
PROHIBIDO PESCAR
A principios de la década de los 90, el presidente Carlos Salinas de Gortari impuso la veda en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California.
Este decreto afectó sobre todo a los pescadores cucapah, en cuya zona se impuso la veda permanente, y también a los pescadores ribereños del Golfo de Santa Clara y del puerto de San Felipe que capturan curvina golfina.
Los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón mantuvieron la prohibición para la pesca, aunque determinaron cantidades de toneladas de captura permitidas durante la temporada de curvina golfina.
En una de las protestas de los cucapahs, Fox desestimó la petición de la etnia originaria de Baja California y que habita el delta del Río Colorado al señalar que «hay que proteger a los animalitos». Onésimo González, entonces jefe cucapah, le espetó: «y a nosotros quien nos cuida?».
La confrontación entre autoridades federales, a través de Profepa primero, se intensificó en los últimos años toda vez que se considera que desde finales de 2012, ya con Enrique Peña Nieto, se implementó una estrategia del Estado mexicano contra la pesca en la zona, en particular en el puerto de San Felipe.
Presionado por Estados Unidos y grupos ambientalistas, México impuso una prohibición de pesca en San Felipe para la protección de la vaquita marina y la totoaba, acompañado de un programa de compensación a pescadores para que dejarán de pescar por un apoyo de 5 mil pesos mensuales, aportación que el gobierno dejo de pagar en 2018.
La organización Sea Shepard inició una escalada de violencia contra los pescadores ribereños en el polígono al arremeter con sus embarcaciones las lanchas que encuentran en el Mar de Cortés.
El 24 de septiembre de 2020 el gobierno de México publicó el decreto que prohíbe el uso de redes de enmalle en actividades pesqueras, en su traslado en una zona costera de 10 kilómetros y hasta de su fabricación y reparación.
Días después, los pescadores Carmen Ávila y Luis Aldaz solicitaron la protección de la justicia federal que no han sido dictaminados hasta el operativo que realizan solo con órdenes de cateo.
TOTOABA
En restaurantes de prestigio de México se puede comer totoaba de manera lícita, sin que exista prohibición alguna del gobierno federal.
De hecho, se encuentra en sus cartas de alimentos y los comensales puede degustar un platillo de tres tacos por 340 pesos, servidos en tortilla recién hecha, salsa pico de gallo, aguacate y chile.
El abogado Esteban Yañez, del Centro de Defensoría Técnica en Derechos Humanos de Baja California, dio a conocer que en los casos de Ávila y Aldaz no encontraron ninguna especie Marina de captura en veda ni de droga que propiciara su arresto.