Exige CEDHBC frenar violencia contra menores en Tijuana

TIJUANA.- Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exhortó al Sistema Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California (Sipinna) a actuar ante la situación de violencia contra la niñez y la adolescencia (NNA).
El ombudsperson, Miguel Mora, señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar el bienestar y los derechos humanos de las NNA como un grupo que requiere atención prioritaria.
Por ese motivo, consideró preocupante el agravamiento de los hechos violentos en la entidad, mismos que han impactado directamente en la vida y la integridad de este grupo poblacional.
Entre estos casos se enlistan el de dos niños, de 3 y 8 años, asesinados a golpes y calcinados, en la colonia Aguaje de la Tuna de Tijuana, en enero; el de un adolescente de 13, que perdió la vida, y otro de 16, herido de gravedad, ambos torturados, en el fraccionamiento Natura de Tijuana; el de una niña de 10 años, lesionada por arma de fuego en la colonia Delicias, segunda sección, de Tijuana; el de un niño de diez años, lesionado por arma de fuego, en el fraccionamiento Soler de Tijuana; y el de un adolescente de 16, que murió en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Dijo que estos últimos tres casos, se registraron en febrero, mientras en en marzo, se han documentado los casos del ataque, con arma de fuego, a un adolescente de 13 años, en la colonia San Martín de Tijuana, y el homicidio de tres niños, de entre cuatro y diez años, con arma punzocortante, en el fraccionamiento Natura de Tijuana.
Ante este panorama, el Organismo solicita, a la secretaria ejecutiva del Sipinna de Baja California, que convoque a sesión de dicho Sistema para que se realice un análisis del contexto de la violencia contra las NNA que favorezca la articulación y transversalización de acciones institucionales orientadas a la atención de este problema.
Como antecedente, cabe mencionar que, conforme a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, el Sipinna tiene la responsabilidad de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de NNA, y que deberá estar articulado con el Sistema Nacional y los respectivos Sistemas Municipales.
Esto con el propósito de lograr el debido reconocimiento de NNA como titulares de derechos, garantizándoles su pleno ejercicio y respeto, a través de políticas públicas que atiendan al interés superior de la niñez, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 4 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción VI inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Baja California, dijo.
El artículo 119 del citado ordenamiento local establece que el Sipinna se deberá reunir regularmente según lo determine el Manual de Organización y Operación del Sistema. En ese sentido, cabe recordar que la CEDHBC ha exhortado al Sistema, en abril de 2017 y en abril de 2019, para que sesione de forma periódica.
Bajo este escenario, es primordial que el Estado de Baja California, al tener una responsabilidad constitucional de ser garante de derechos humanos, refuerce su compromiso y labor hacia las NNA, bajo las condiciones y lineamientos que los instrumentos internacionales y nacionales exigen.
Por otro lado, la CEDHBC también llama a la FGE a que evite criminalizar y revictimizar a NNA víctimas de homicidio, tortura y lesiones, a través de una narrativa que vincule estos hechos con su contexto de vulnerabilidad, atendiendo las causas que generan esta situación, y no con líneas de investigación relacionadas a las actividades del crimen organizado.
Finalmente, Miguel Mora reiteró la importancia de construir políticas públicas e instrumentos de protección de derechos humanos para Baja California que tengan en cuenta siempre el interés superior de la niñez, y que no omitan visibilizar a las NNA que, por las circunstancias de su contexto y por las barreras del entorno, se encuentran en situación de vulnerabilidad.