La gestión ciudadana del agua evitaría una catástrofe hídrica
CDMX.- La crisis del agua en la Ciudad de México –una hipótesis hace 15 años– es ahora una realidad con un millón 443 mil personas sin servicio regular, una fuerte disparidad entre el poniente, el centro y el oriente, y la afectación de manantiales por la construcción del tren interurbano México-Toluca, advirtió el doctor Pedro Moctezuma Barragán, profesor-investigador de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan, las delegaciones que producen el líquido, son sin embargo las que carecen más de ese recurso natural, ante lo cual es indispensable eliminar el paradigma extractivo para evitar el desecho de cerca de 800 millones de metros cúbicos en la cuenca que se mezclan con lluvia y aguas residuales sin tratar.
El sistema de tren que conecta las ciudades de México y Toluca “es altamente demandante de energía y el sismo del 19 de septiembre del año pasado desnudó esta situación, en particular, en el caso de los pozos profundos, generadores de hundimientos diferenciales y regionales”, como han demostrado científicos y técnicos, agregó el docente del Departamento de Sociología de la UAM.
El tema del manejo del agua dentro de la nueva legislación deberá vincularse a los de planeación, desarrollo, medio ambiente y derechos humanos en los reglamentos por elaborar, puntualizó en el Foro La Constitución de la Ciudad de México; realidades y retos, moderado por la doctora Analiese Richard, docente del Departamento de Humanidades de la Unidad Cuajimalpa.
El doctor Óscar Monroy Hermosillo, académico del Departamento de Biotecnología de la Unidad Iztapalapa, resaltó que para lograr un acondicionamiento seguro de la infraestructura que transporta el vital líquido a las zonas residenciales se debe tomar en cuenta un manejo integral, considerando que la urbe “está construida sobre una cuenca endorreica de 25 ríos que se están mezclando con aguas residuales”.
El Profesor Distinguido de la UAM expuso que son los pueblos originarios los que principalmente tienen el derecho histórico y la obligación de cuidar la autonomía del uso y el manejo del líquido, así como de los bosques y manantiales, como una de las fuentes esenciales de abastecimiento para la metrópoli.
El asunto es apremiante por ser “un servicio ambiental al cual se le debe dotar de un equipamiento adecuado para que se pueda filtrar y tratar antes de su desemboque a la zona urbana –donde ya es muy difícil procurar su almacenamiento– evitando mayor contaminación y su efectivo reciclamiento”.
La doctora Esther Sotelo Núñez, docente del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco, coincidió con que la gestión integral de los recursos hídricos “debe desarrollarse sobre una serie de principios, comenzando por asumir que el agua es finita y debe concebirse a partir de ciclos completos y la incorporación de actores extra gubernamentales, sociales y públicos”.
Esto implica el desarrollo de mecanismos entre gobiernos, organizaciones comunitarias y pueblos, ya que “el sistema de distribución en la ciudad es el más caro del mundo y el destino de todas las inversiones aplicadas, por ejemplo a la construcción de la tercera línea del Sistema Cutzamala, debería dirigirse a la cuenca que nos provee de agua, por lo que debemos gestionarla pensando en el sistema natural eco hidrológico que la produce”.
El doctor Eugenio Gómez Reyes, académico del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la Unidad Iztapalapa de la UAM, subrayó que las malas prácticas ejercidas sobre el recurso provocan hundimientos; la ruptura de tuberías; nuevas formaciones de lagos alentando su estancamiento y con ello la generación de malos olores; cambios de pendientes y drenajes sin funcionar por efecto de la gravedad, entre otras complicaciones.
Durante la actividad realizada en el Centro de Difusión Cultural Casa Rafael Galván de la UAM, el investigador aclaró que para la estabilización del acuífero se requerirá no sólo de un buen plan de gestión, sino de la contribución de “la población, que deberá apoyar con el ahorro de 10 por ciento por habitante, es decir, cada individuo debiera utilizar un promedio diario de 200 litros para evitar daños profundos e irreversibles, aunque “en este punto únicamente podemos detener lo que ya se hizo mal”.
El doctor Javier de la Rosa Rodríguez, docente del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma, comentó que uno de los preceptos contenidos en la nueva Carta Magna de la Ciudad de México activa la discusión en torno a la cobertura y la reconstitución del acuífero, lo que “refleja la problemática sobre cómo estamos agotándolo”.
El especialista sostuvo que “el gobierno está obligado de manera normativa a solventarlo a través de programas, organismos y sanciones, ya que el acceso al agua en el futuro tendrá que ser asequible y al mismo tiempo protegido contra el uso con fines económicos o de lucro, privilegiando el consumo para la subsistencia”.
El señor Antonio Méndez Jaramillo, habitante del pueblo San Lorenzo Acopilco, mencionó que el agua debe concebirse como un derecho humano, pues “es un elemento estratégico que no puede dejarse en manos de particulares, a pesar de que desde 2002 se han otorgado diversas concesiones a empresas trasnacionales”.
“Tenemos en el poniente de la ciudad agua de alta calidad que no requiere potabilizarse, pero nos siguen enviando líquido del Cutzamala”, anunció.
Finalmente, el ingeniero Mauricio Hernández, director técnico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), refirió que el organismo reporta un rezago de 40 años, por lo que “requerimos inversiones mayores a cien mil millones de pesos anuales para subsanar ese déficit y el presupuesto de dos mil 800 millones cada año limita nuestras metas”.
Diversas universidades e instituciones públicas educativas están colaborando para encontrar una pronta solución respecto de la construcción de pozos profundos y “hasta ahora se han hecho estudios con geólogos, pero aún no hay propuestas viables y bien fundamentadas en la cuestión hidráulica”.