Más de 2.5 millones de niños y niñas estudiantes de educación básica

CDMX.- Según cifras oficiales de la Secretaría de Educación, más de 2.5 millones de niños y niñas estudiantes de educación básica, han desertado a consecuencia de la situación generada por la pandemia por Covid-19.

La Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sin embargo, revela cifras más precisas. De acuerdo a esta encuesta, 3 millones de alumnos de educación básica en México no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, fundamentalmente por falta de recursos.

De acuerdo a la ECOVID-ED, de entre aquellos niños y niñas que dejaron la escuela, el 25% reportó haberlo hecho por considerar que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 23% reportó haber dejado la escuela porque sus padres se quedaron sin empleo; otro 23% reportó haber dejado la escuela porque carece de computadora, conexión a internet o cualquier otro dispositivo necesario para tomar clases a distancia; y, finalmente, 20% reportó haber desertado porque su escuela cerró definitivamente.

Los resultados obtenidos a través de la ECOVID-ED coinciden con los datos oficiales del Censo de población 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales reportan que en México hay 2,083,955 niños y niñas de 5 a 17 años que actualmente no cuentan con una televisión en casa, los cuales representan el 7.38% de todos los niños y niñas en edad escolar en el país. Esto implica, por lo tanto, que desde el inicio de la pandemia por Covid-19 más de 2 millones de niños y niñas en México no han podido acceder a su derecho universal a la educación, pues al no contar con un televisor en casa, han quedado excluidos del programa nacional “Aprende en casa”, la principal estrategia de educación a distancia implementada por el Gobierno de México en el contexto de la pandemia por COVID-19, la cual consiste en la transmisión de lecciones virtuales a través de las principales cadenas televisivas, en diferentes horarios de acuerdo al nivel de escolaridad.

De manera similar, un estudio recientemente realizado por la organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción comprobó, a través de una visita a los 20 municipios más pobres del estado de Chiapas, que el 45% de las niñas y niños que ahí residen no pudieron continuar con sus estudios y tuvieron que abandonar la escuela durante la pandemia, lo anterior a pesar de que la mayoría de ellos eran beneficiarios de las Becas para el Bienestar Benito Juárez García.

Las cinco razones principales por las que los niños y niñas tuvieron que dejar la escuela, de acuerdo con sus propias familias, fueron la falta de dinero para pagar el servicio de internet (35%); la carencia de un equipo de cómputo o televisión en casa (26%); horarios de clases no accesibles (7%); la ausencia de una persona mayor para supervisar las actividades escolares (6%) y la inexistencia de información sobre cómo ingresar a las clases (5%).

Por otro lado, el estudio menciona que la situación entre aquellos niños y niñas que sí permanecieron en la escuela durante la pandemia por Covid-19 tampoco es óptima, pues 72% de estos niños reportaron tomar las clases en línea desde un teléfono celular, 54% de ellos no han tenido un adulto encargado de acompañar los trabajos y actividades escolares y en 49% de los hogares las familias reportaron problemas para poder continuar con las clases. Entre estos problemas destaca la falta de capacidad económica para continuar pagando el servicio de internet, el no contar con el equipo adecuado para tomar las clases y enviar las tareas, y el no contar con los materiales escolares necesarios para el aprendizaje de los estudiantes. Resulta especialmente notorio que tan sólo el 10% de las niñas y niños que permanecieron en la escuela pudieron tomar clases por televisión a través del programa “Aprende en Casa”.

A la vulnerable situación de los niños en México en materia educativa, se añade el persistente desabasto de medicamentos para niños con cáncer a nivel nacional. La complicada situación experimentada por los niños y sus padres llevó a que un conjunto de padres de familia, cuyos hijos e hijas se han visto afectados por el desabasto de medicamentos, presentaran una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando que la institución judicial dicte medidas cautelares y requiera al gobierno mexicano proteger los derechos a la salud de los niños y niñas que padecen cáncer, y les provea de los medicamentos que necesitan para cumplir con sus tratamientos, los cuales no les han sido proporcionados aun cuando han ganado amparos de instancias judiciales mexicanas.

Una investigación lidereada por Impunidad Cero y Justicia Justa ha demostrado que el desabasto de medicamentos contra el cáncer para niños y niñas en México es una consecuencia directa de las acciones del gobierno federal, pues se comprobó que, durante la segunda mitad de 2019, el gobierno federal únicamente adquirió 16 de los 36 fármacos necesarios para el tratamiento del cáncer en niños y adolescentes. El desabasto generado por esta decisión únicamente se vio exacerbado por la también decisión gubernamental de vetar a las tres principales distribuidoras de medicamentos contra el cáncer para niños y niñas de las compras consolidadas de medicamentos: Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Maypo.

Dados los problemas de desabasto generados por estas decisiones, el 31 de julio de 2020 el gobierno anunció la firma de un acuerdo entre la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Insabi, mediante el cual, el organismo internacional se encargará de las compras consolidadas de medicamentos para el periodo 2021-2024. Sin embargo, una vez más, el proceso de licitación inició con retrasos, pues comenzó el 4 de diciembre, a pesar de que debió de haber comenzado en octubre de 2020. Dado este retraso, la compra consolidada concluirá hasta mayo de 2021, generando de nuevo una situación de desabasto de medicamentos en el país.

Por otro lado, el pasado 4 de marzo de 2021, en el marco del Día Mundial contra la Obesidad, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reveló que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Una situación que únicamente se ha visto exacerbada en el contexto de la pandemia por Covid-19, menciona la académica Georgina Cárdenas López de la UNAM, pues se han visto afectados tanto los hábitos alimenticios como la falta de ejercicio, de actividades sociales y de juego de los niños y niñas del país. La académica estima, por lo tanto, que la prevalencia de obesidad infantil en México podría aumentar del 18% registrado en la última versión de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), a un 33%.

Adicionalmente, resulta importante mencionar que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha dado un seguimiento cuidadoso al número de contagios de Covid-19 entre los niños y niñas de 0 a 17 años, el cual ha revelado que en México se han presentado 33,721 casos de Covid-19 entre niños y niñas en México. De estos, el 51% son hombres y el 49% mujeres y se han presentado 364 defunciones, de las cuales el 57.4% tenían entre 0 y 5 años y el 28.3% tenían entre 15 y 17 años. Consistentemente, la organización ha identificado que la mayor vulnerabilidad de contagio se presenta entre los niños de 12 a 17 años.

La pandemia no sólo ha afectado a los niños y niñas del país en términos de educación y salud, sino también en términos de seguridad. De acuerdo a datos recopilados por la Red por los Derechos de la Infancia en México, el rapto de niñas y niños de 0 a 17 años en México incrementó en un 97.8%, la corrupción de menores en un 75.3% y el tráfico de menores en un 55.6%. A lo anterior se suma el hecho de que, de acuerdo a la organización, durante 2020 los feminicidios de niñas entre 0 y 17 años representaron el 10% de todos los feminicidios observados a nivel nacional, una de las cifras más altas de los últimos años.

Adicionalmente, la organización reportó que entre enero y junio de 2020, las denuncias ciudadanas por pornografía infantil aumentaron en un 157% con respecto al mismo período de 2019, pasando de 121 reportes a 312, lo cual ubicó a 2020 como el año en el que se han registrado más denuncias ciudadanas por pornografía infantil desde se comenzó a registrar este delito cibernético en 2013. La organización considera que gran parte del aumento de estos delitos se debe a la desprotección por parte del Estado hacia la infancia y la adolescencia en México durante la pandemia por Covid-19.

Finalmente, la Red por los Derechos de la Infancia en México también puntualizó que la negativa por parte del gobierno federal a entregar apoyos económicos a las familias durante la crisis económica generada por el Covid-19, incrementará las cifras de trabajo infantil en el país. De acuerdo a la organización, antes del Covid-19 ya existía una grave situación con respecto al trabajo infantil en México, pues se estimaba que 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años se encontraban en condición de trabajo infantil. De estos, el 61.1% eran hombres y el 38.9% mujeres. Además 1.13 millones de ellos y ellas realizaban ocupaciones peligrosas y el 27.1% de los niños y niñas que realizaban alguna ocupación no recibían ingresos por su labor.

La organización estima que estas preocupantes cifras incrementarán, por lo menos, en un 10% a consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19, complicando aún más las precarias condiciones de vida de los niños y niñas del país involucrados en trabajo infantil. En una serie de entrevistas llevadas a cabo por la organización en el estado de Chiapas, uno de los más pobres del país, el 97% de los niños, niñas y adolescentes entrevistados que laboran, reportaron encontrarse preocupados por la posibilidad de quedarse sin dinero y sin comida. La gran mayoría de estos, pertenecían a alguna comunidad indígena.