ENSENADA.- “La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es esencial para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible”, según un criterio de la Organización de las Naciones Unidas, y es lo que debiera prevalecer, más en los temas de familia, donde los ajenos deben ser cautos y guardar distancia de los conflictos entre particulares.
Por más buena fe que se tenga, es difícil tomar partido si no se cuenta con todos los elementos a la mano para opinar responsablemente, en éstos casos deben ser las autoridades competentes, asesorados por expertos quienes determinen lo procedente.
En ese contexto se desarrolla la historia de Raúl Tirado, un trabajador de 33 años, padre soltero, que lucha por que los derechos de sus dos hijos, Diego de 8 y Marianita de 7, estén a salvo y puedan convivir en armonía con su madre, de la que está divorciado legalmente.
Su situación, cuenta el padre de familia, es que fue enterado por redes sociales y publicaciones en diversos medios electrónicos, donde se sugiere que éste tiene secuestrados a sus hijos, cuando la realidad es que tuvo que solicitar la custodia provisional de los niños ante las agresiones físicas y psicológicas de que éstos, manifiestan que han sido objeto por parte de su madre.
Dichas agresiones, informa, han llegado al grado de generar lesiones visibles, y más aún, psicológicas, plenamente acreditados, detectados y dictaminados por especialistas, peritos en la materia.
Si bien, la madre de sus hijos, ya tiene otra relación, por alguna razón, ha resultado poco tolerante con la natural vitalidad o inquietud de los menores, cuyos juegos o actitudes son reprimidas con sendos castigos, al grado de tornarse en agresiones físicas, agrega.
Esa situación, expresa, le preocupa, y lo obligan a asumir el deber de cuidado que sea necesario, porque al igual que a especialistas y a las autoridades que ya fueron enteradas del caso, debe protegerse el interés superior de los menores para desarrollarse en un ambiente armónico.
Todo empezó en el 2008, cuando Raúl y Marisela, –se omite apellido para proteger su identidad- su ahora ex esposa se conocieron cuando estudiaban en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), él Criminología y ella Filosofía y Letras, se hicieron novios, y en 2009, en ese año un hermano de él falleció y debió regresar a su tierra, Ensenada.
Entonces Marisela que hoy tiene 32 años, quien procede de Sinaloa, dijo que estaba embarazada, por lo que Raúl decidió pedirle que viniera a Ensenada para hacerse cargo, pero ya en la ciudad y luego de exámenes médicos se descartó el supuesto embarazo, no obstante, decidieron contraer matrimonio por lo civil, y hacer vida juntos.
Aunque las cosas no marchaban del todo bien, ambos decidieron intentar que la relación funcionara y en septiembre de 2012 nació el pequeño Diego, quién hoy tiene 8 años y en 2014, nació Marianita que hoy tiene 7.
Así las cosas, trataron de llevar la fiesta en paz y ofrecerle un hogar a los niños, que siempre padecieron de una madre “bastante severa”, para decirlo de la mejor manera, señala Raúl, pero como vivían juntos, intervenía para pedirle a ella que se moderara y “traté de que las cosas no pasaran a mayores con los niños y mantenerlos protegidos.”
Siendo honestos, hay que decir que parte del tiempo, ella se comporta bien con ellos, pero se torna muy intolerante, agresiva y violenta física, verbal y psicológicamente contra los niños cuando éstos hacen alguna travesura propia de su edad, accidentalmente se les rompe algo, o por el desorden de sus juguetes, comenta.
“Entiendo que ella tenía el derecho de corregir y enseñar a los niños como su madre que es, pero hay formas, sin causarles daño físico o emocional, y sobre todo a no generarles un estado de intranquilidad”, dice el padre de familia.
EL ROMPIMIENTO
Lamentablemente y aun estando casados y viviendo juntos, ella tuvo una relación externa con un entrenador del gimnasio al que asistía, y se volvió imposible mantener el matrimonio.
“Me vi en la necesidad de salirme de la casa, ahí se quedaron la señora Marisela y los niños para que a ellos no les faltara un techo y todo lo necesario para vivir bien; no sin antes proponerle a ella una separación en los mejores términos posibles para evitarle sufrimiento a nuestros hijos”, narra Raúl.
“Así quedamos, tramitamos el divorcio de común acuerdo, mismo que se nos concedió a principios de 2020; ella tendría la custodia de los niños, y yo los vería todos los días 3 horas, y 1 fin de semana si, y otro no, situación que mantuvimos por un algún tiempo, siempre con una relación ríspida.”
Ella se quedó a vivir un año en el departamento que le había dejado, precisa Raúl, pero después se fue a vivir con su pareja actual y se llevó a los niños a vivir con ellos, “situación en las que no tuve inconveniente, para que ellos siguieran disfrutando de su mamá, y seguí el rol que nos dio el juez para convivir con mis hijos.”
A pesar de que notaba ciertas resistencias de los niños, sobre todo de Diego, para regresar a con su mamá, “siempre le traté de inculcar el amor y el respeto por ella y tratar de explicar que a veces los padres tenemos presiones y preocupaciones y cometemos errores y que podía ser el caso, y así los convencía de regresar.”
A mediados de mayo de 2020, el padre acudió al domicilio de los menores para recogerlos y convivir con ellos, pero en dos días seguidos no le permitió hacerlo, a la tercera ocasión, si accedió:
“Lamentablemente me di cuenta que las cosas estaban más graves de lo que creía, cuando me entregó a los niños para nuestra convivencia, y noté que Diego venía severamente golpeado del rostro, explica Raúl, no sabía qué hacer, pero me asesoré y me aconsejaron tomarle fotos y poner una denuncia por violencia intrafamiliar ante el Ministerio Público, indicando con mayor detalle tanto éste como su hermanita, que siempre los maltrataba su mamá, o los amenazaba constantemente, de que si no se “portaban bien”, no verían a su papá.”
Las autoridades judiciales, en el ámbito familiar, al tener ese indicio de probable violencia, a fin de proteger a los menores, le dieron a Raúl la custodia provisional de sus hijos durante el tiempo que dure el juicio, mismo que actualmente está vigente.
Además de ello, diversas autoridades judiciales en materia penal, vincularon a proceso a la señora Marisela, por el delito de violencia intrafamiliar, donde ésta se le dio oportunidad de defensa, debidamente asistida de su abogada defensora. Siendo ya, dos autoridades judiciales, y la fiscalía que consideran que existen elementos para considerar su actuar no solamente negligente, sino potencialmente comisivo de delitos.
Ella también denunció a Raúl por “sustracción de menores”, pero la denuncia no procedió y fue desechada por la fiscalía ante las pruebas fehacientes aportadas por la defensa del padre de familia entre las que existen evidencias médicas y valoraciones psicológicas, y de que los niños están bajo un cuidado apropiado.
Actualmente, la señora Marisela, ha sido conminada ante el Juzgado familiar, a que sigan un proceso de “reintegración familiar, que implica una valoración de los menores y de su madre para establecer la mejor forma de llevarse a cabo la convivencia”, situación que abre la posibilidad de que puedan convivir en el futuro.
Hoy por hoy, ella tiene una orden de restricción para acercarse a la casa donde viven los niños con su padre y sus abuelos y a la escuela a donde se tendrán que reintegrar una vez que las autoridades lo permitan por el Covid-19.
Actualmente, indica Raúl Tirado, que, si tanto es el deseo de poder convivir con sus hijos, porqué, contra toda lógica, la señora Marisela ha decidido controvertir la resolución judicial de reintegración familiar, retardando injustificadamente el camino para que existan las condiciones para que no vuelvan a cometerse actos de violencia contra de sus hijos, y éstos, crezcan apoyados en el amor de su madre al que tienen derecho.
La única explicación, que él percibe, es que ella no quiere someterse a las pruebas psicológicas o psiquiátricas para demostrar que es apta para convivir con sus hijos, comenta, pero si así fuera, también es la manera de saber cuál es su problema, para que reciba tratamiento para que esté bien y ellos tengan la posibilidad de recibir el amor de su madre.
El derecho a la convivencia, es un derecho consagrado a los niños, y se vuelve en una obligación para los padres, y no al revés, precisa Raúl.
¿PORQUÉ HACER PÚBLICO UN PROBLEMA FAMILIAR?
Una de las preguntas para Raúl es: ¿cuál es la razón por la cual hace público el problema que debería ser tratado en el seno familiar y ante las autoridades?
“Principalmente por mis hijos, ya que no quiero que sean objeto de Bulliyng o acoso en su escuela o que después sus maestros no sepan la verdad de las cosas”, dice.
Además, responde, que le da mucha vergüenza tener que exteriorizar la situación, pero su ex pareja ha emprendido una campaña de desprestigio en un medio de comunicación de Sinaloa de donde es nativa, y en las redes sociales en su contra y de las autoridades, lo que lo desprestigia, y lo pone altamente estresado, y ha empezado a minar su trabajo.
Ella trata de victimizarse, y lo ha logrado hasta cierto punto, en su condición de mujer, que algunas personas y agrupaciones de mujeres de buena fe, simpaticen con la forma en que plantea las cosas, y consecuentemente, me vean como una mala persona y “hasta han hecho llamado a manifestarse en mi contra y de las autoridades, pero no tienen razón”, principalmente porque no tienen todos los datos a la mano, argumenta Raúl.
Raúl manifiesta que, ya intentaron sorprender a su madre, porque una vez, “vinieron ella, su papá y su hermano cuando yo no estaba, y se los quisieron llevar de la casa de mi mamá, afortunadamente el niño se pudo soltar y corrió a esconderse en el baño del segundo piso y la niña lloró hasta que su mamá la dejó ir con mi mamá, me llamaron al trabajo y pude llegar para pedirles que se fueran”, pero el temor en los niños persiste, y les ha generado problemas.
Manifiesta Raúl con evidente pesar, que su hijito Diego, ha comentado que mirará a su madre, cuando esté más grande y pueda defenderse, y que por eso no quiere convivir con ella, lo que demuestra, según Raúl, que el niño está afectado; siendo que su hermanita confirma todos los datos que el niño indica sobre gritos, golpes y maltratos generalizados de la madre hacia ellos.
El padre de familia indica que ha hecho todo lo posible porque sus hijos convivan actualmente de manera virtual, pero éstos no desean hacerlo.
Raúl Tirado expresa que está afligido y le angustia la situación, y aunque existen periciales de por lo menos dos psicólogos expertos que les han aplicado las pruebas de rigor que determinan que los niños están afectados psicológicamente y requieren tratamiento, está dispuesto a que convivan con su madre.
Lo anterior, siempre y cuando sea valorada y en su caso, sometida a tratamiento para que ya superado satisfactoriamente cualquier situación que ella tenga, se asegure y prevenga que los menores no vuelvan a ser maltratados.
“Desde luego, tendrá que ser de forma paulatina y siempre con la conformidad de los niños, para lo cual ella deberá poner de su parte y ganárselos poco a poco”, subraya.
En efecto, conforme a la Ley, ningún padre o tutor puede ser omiso ante la falta de cuidado de sus hijos, si lo hicieren, pueden ser sometidos a sanciones, es por ello que Raúl ha emprendido las acciones que la Ley indican para proteger su integridad personal.
Solo espero un mejor desenlace de todo este proceso, en el que la madre de los niños y éstos, dice Raúl, se practiquen valoración psicológica para conocer su estado emocional actual, que acudan a terapia psicológica, que inclusive la madre haga algún curso de escuela para padres, con el que pueda tener asesoramiento para un mejor desarrollo de la personalidad de sus hijos.
Así, una vez que pasen por tales procesos, poder valorar psicológicamente, tanto a los menores, como a Marisela, la madre, en el que se garantice que la convivencia, es más benéfica que perjudicial para proteger el interés superior de los menores.
En efecto, conforme el Artículo 4º Constitucional, que establece que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.”
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