Antonio Heras
MEXICALI.- Con la transmisión de un mensaje matutino, el gobierno de Baja California violentó la veda por la consulta popular de lo que se ha llamado «el juicio de los expresidentes mexicanos».
Durante 2021, el gobierno estatal destinó 50 millones de pesos para la imagen del gobernador Jaime Bonilla, relaciones institucionales y posicionamiento de las actividades gubernamentales.
Esta información publicada en el portal Esquina 32 se refiere a la oficina del gobernador, donde se ejerció un presupuesto aparte de la Dirección de Comunicación Social
La Constitución General de México sólo permite información de autoridades electorales y de servicios educativos, de salud y protección civil, informó el Instituto Nacional Electoral al dar a conocer que del 15 de julio al 1 de agosto se debe suspender todo tipo de propaganda gubernamental.
En ningún caso, advirtió el INE, la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, con base en la Ley Federal de Consulta Popular.
El gobernador Jaime Bonilla apareció durante la mañana de este viernes en una transmisión so pretexto de informar sobre «acciones relevantes, así como sobre las incidencias por el Covid 19 en la región y los avances en la estrategia de vacunación».
Sin embargo también presentó a la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora, y los integrantes de su gabinete Karen Postlewaithe y Salomon Faz, secretarios de Desarrollo Urbano y del Agua, así como Francisco Ramos, secretario Técnino de la Mesa de Seguridad de Baja California.
Fuentes consultadas dieron a conocer que para transmitir los mensajes matutinos que emulan las «mañanera del presidente López Obrador» se basaron en una opinión jurídica que justificó su aparición pública bajo el argumento de informar y contestar preguntas de la sociedad.
En estos mensajes incluye videos de niños, mujeres y personas de la tercera edad de colonias populares donde le agradecen por haberles dado despensas.
El artículo 35 de la Constitución de México señala que durante el tiempo que comprende el proceso de una consulta popular, desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, «salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia».
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