Calcula BC recaudar mil millones de pesos de dueños de vehículos por verificación obligatoria

Antonio Heras

MEXICALI.- Con un precio de 540 pesos por unidad automotora, el programa de verificación vehicular de Baja California será obligatorio y necesario para renovar las placas de circulación en las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado.

A diferencia del instrumentado ahora por el gobernador morenista Jaime Bonilla, el programa anterior se convirtió en un trámite voluntario para la población durante el sexenio del panista Kiko Vega con un precio de 350 pesos.

Por ley, las concesiones son avaladas por la Secretaría General de Gobierno, ente político de la administración, y deben otorgarse a personas mexicanas, aunque en esta ocasión se adjudicó a una empresa estadunidense.

VERIFICAR UN MILLÓN DE VEHÍCULOS

Se estima que un millón de vehículos se sujetarán a este programa a instrumentarse en forma progresiva para adecuarse a la apertura de verificentros, informó el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan.

La administración de Jaime Bonilla calcula recaudar mil millones de pesos por la verificación de automóviles y camiones inscritos en el padrón vehicular y de al menos 500 mil unidades «chocolates» que entrarían a un proceso de regularización estatal para dejar de circular de manera irregular.

A finales de julio de 2021 empezó un programa de inscripción en un censo de carros sin documentos de importación que transitan por la entidad, con placas de California o Arizona, al que de manera coloquial le han llamado Bonillapromex, similar al de Anapromex, Onopafa o Amlopafa.

A cada una de estos carros censados les cobran mil 200 pesos por una cartulina sellada, por lo que se estima que el gobierno obtenga recursos por otros 500 millones de pesos, mientras se emite un decreto presidencial para la regularización de los vehículos chuecos.

Escobedo Carignan sostuvo que este programa a aplicarse a un millón de vehículos registrados y a «500 mil o 600 mil» irregulares busca mejorar la calidad del aire, la salud pública y generar un equilibrio ecológico, de acuerdo a la Ley de Protección al Ambiente del Estado donde se prevé la reducción y control de emisiones de contaminantes a la atmósfera, de fuentes fijas o móviles.

El funcionario explicó que la propuesta inicial es tener ocho centros con 25 líneas de verificación que empezaría a operar, el primero, en septiembre y el resto en octubre.

La mayor recaudación se centra en los dos últimos meses (septiembre y octubre) de la administración de Bonilla Valdez, que duró dos años para empatar los procesos electorales federales y estatales

La empresa Worldwide Environmental Products (WEO), originaria de California, Estados Unidos, aplicaría una prueba de hasta 20 minutos, con cita previa, y entregaría una etiqueta con un código QR, además que cuenta con una contrato por 15 años, de acuerdo a la asignación directa que hizo la Comisión Especial de Concesiones del Gobierno de Baja California, un ente público dependiente de la Secretaría General de Gobierno.

COMISIÓN DE CONCESIONES

El 22 de enero de 2021, el Congreso local aprobó por mayoría la Comisión Especial de Concesiones del Gobierno de Baja California con la peculiaridad que la preside el secretario General de Gobierno para evitar que se «cometan los abusos del pasado», justificó Bonilla en su iniciativa.

El dictamen 76 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales reformó la Ley General de Bienes del Estado en la que establece de manera expresa que las concesiones sólo podrán otorgarse a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Está Comisión Especial tiene facultades para justificar el otorgamiento de concesiones y prórrogas de contratos para ser otorgadas por el gobernador.

El Congreso autorizó a una entidad política la cesión de concesiones, en lugar de los entes técnicos o administrativos, en tratándose de la, Secretaría de Hacienda o la Oficialía Mayor