Presentan reforma constitucional para combatir la corrupción en BC

Antonio Heras

MEXICALI.- La reforma constitucional en materia anticorrupción propuso la diputada Daylin García, integrante de la XXIV Legislatura por Baja California con la intención de lograr una operación eficiente y objetiva del Sistema Estatal Anticorrupción

La legisladora explicó que estas reformas son en congruencia a su trabajo realizado en los últimos años en cuanto el combate a la corrupción, transparencia y fortalecimiento a la participación ciudadana, «prioridades que me llevaron a buscar una candidatura y después un curul en el Congreso del Estado» .

García, en entrevista, recordó que el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California es producto de la presión que ejercieron en 2017 ciudadanos y organizaciones que presentaron más de 5 mil firmas para cristalizar la participación de los ciudadanos en las tareas contra la corrupción y la impunidad a las que están obligados los gobernantes.

La diputada Daylin García comentó que sus propuestas buscan mejorar el Sistema Estatal Anticorrupción a partir de la modificación al artículo 95 de la Constitución Política de Baja California y a los artículos 10, 16, 17, 19, 21 y 22 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.

Las reformas atienden a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió una Acción de Inconstitucionalidad por el trato discriminatorio entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en especial a la distinción entre técnicos y honoríficos, donde los primeros cobran emolumentos mensuales, a diferencia de los segundos.

Es fundamental la reestructuración del Sistema Estatal Anticorrupción y propiciar desde el Congreso local una operación objetiva y eficiente.,dijo al tiempo de advertir que si algún ciudadano tiene el deseo de conocer los ingresos de un servidor público o en su caso las declaraciones de un funcionario, «este derecho se ve frustrado al no contar con los instrumentos ni la operatividad adecuada, lo cual contribuye a la opacidad y a los actos de corrupción».

De lo 15 consejeros ciudadanos electos por una Comisión Especial de Selección, designada por el Congreso local, solo cinco de ellos están vigentes pero fueron suspendidos por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.

El gobierno estatal los sometió a un procedimiento sancionatorio, a pesar de no ser servidores públicos ni estar en una investigación y se les negó su derecho de audiencia por lo que presentaron solicitudes de amparo ante la justicia Federal.

Además de la ausencia de consejeros ciudadanos, el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California carece de fiscal Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado y del magistrado Anticorrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado.

El secretario Técnico y la directora de Administración del SEABC fueron suspendidos por la SHyFP, entidad gubernamental que avaló el nombramiento de sus sustitutos.