TIJIANA.- El Centro Empresarial de Tijuana expresó su preocupación ante el reciente anuncio del titular del Poder Ejecutivo Federal, en el que da a conocer que el 16 de octubre firmará un acuerdo para regularizar los autos que han sido importados a México desde Estados Unidos, mejor conocidos como “autos chocolate”, los cuales son un duro golpe a la industria automotriz, la cual es una de las que más empleos genera.
El Lic. Roberto Rosas Jiménez, presidente de COPARMEX Tijuana, señaló que este no es un tema nuevo, pues a la fecha se acumulan 19 procesos de regularización puestos en marcha en el periodo que comprende de 1979 a 2011 y que, hoy en día, de acuerdo con el Decreto emitido por la presente administración, por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 2020, es factible importar un vehículo usado.
Mencionó que quien cumple con lo estipulado, puede introducir legalmente un auto a México; aunque el problema radica en el ingreso ilegal, que además de que representa un acto de evasión fiscal, es un delito a través del cual se benefician organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante la utilización de esos vehículos. La decisión anunciada por el presidente es un “cheque en blanco” para la delincuencia.
Agregó que la legalización indiscriminada es un golpe al sector automotriz en uno de sus momentos más adversos. En el mercado nacional se han vendido 757 mil 846 vehículos ligeros durante enero-septiembre 2021, cifra que está 20.7 por ciento por debajo de los niveles registrados en enero-septiembre de 2019. Por su parte, la producción total de vehículos ligeros está 23.8 por ciento por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia y, tan solo la producción registrada en septiembre 2021 fue la más baja para un mes similar desde 2010.
“Una medida así afectaría las finanzas públicas por una caída en la recaudación, puesto que por un lado, ante los recortes en la producción que se tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales, los fabricantes dejarían de pagar el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta; por otro, habría una contracción en la captación del Impuesto Sobre Autos Nuevos, que es un gravamen que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar y que en 2020, logró recaudar poco más de 11 mil millones de pesos por este concepto”, comentó.
Rosas Jiménez añadió que la disposición representa un riesgo para los casi dos millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo; muchos de ellos se verían en riesgo de desaparecer dada la posible contracción del mercado interno. Además, afirmó que con este decreto, se alienta la introducción de automóviles al país que, por sus elevados kilometrajes y antigüedad, son altamente contaminantes.
“Coincidimos con la buena intención de apoyar a quienes menos tienen y quienes demandan alternativas para su movilidad, particularmente en las entidades de la frontera norte; pero no respaldamos medidas que distorsionen la economía, provoquen la pérdida de empleos, deterioren la confianza en la inversión y la recaudación de impuestos, afecten el medio ambiente y, sobre todo, pongan en riesgo la vida de los usuarios de autos y de terceros”, detalló.
El presidente de COPARMEX Tijuana, concluyó haciendo un llamado a las autoridades a que sean las primeras en respetar y hacer respetar la ley y las medidas regulatorias que este gobierno ha emitido, para no convertir a México en un basurero automotriz.
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