Inicia proceso contra funcionarios de la administración estatal anterior por peculado

TIJUANA.- Durante su participación en la vigésimo sexta edición del Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar, que encabezó la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, anunció, a pregunta expresa de los medios de comunicación, la solicitud al Poder Judicial del Estado para citar a audiencia de imputación a más de 10 funcionarios de la administración pasada, por los delitos de peculado y coalición de servidores públicos, entre otros relacionados con actos de corrupción.

El titular de la FGE expresó que la solicitud al Poder Judicial del Estado se hizo en el marco de una investigación a servidores públicos de varios niveles dentro de la administración estatal que transcurrió del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

Las investigaciones, señaló Carpio Sánchez, han avanzado hasta generar la necesidad de citar a una audiencia de imputación por dichos delitos, por lo que colocar una fecha y hora a dicho procedimiento corresponderá a la autoridad jurisdiccional, que se encargará de dar seguimiento y analizar las pruebas vertidas por la FGE.

En su mensaje a los medios de comunicación, el fiscal Carpio Sánchez enfatizó que uno de sus objetivos es conseguir el acceso a la procuración de justicia para toda la población, así como fortalecer la credibilidad que tiene la sociedad bajacaliforniana hacia las instituciones que se encargaran de impartir justicia.

Sostuvo el fiscal que en el caso de la administración pasada el compromiso es defender y proteger los recursos de las bajacalifornianas y los bajacalifornianos, por lo que se realizarán las acciones que sean necesarias para que no haya impunidad, y conseguir que los imputados sean vinculados a proceso por los actos que pudieron cometer.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de Baja California, en caso de no proceder con el proceso en el Poder Judicial del Estado y no recuperar el monto desviado de manera presuntamente ilegal, se estaría arriesgando el erario público estatal por el orden de los 12 mil millones de pesos.