Exhortan a Pode Judicial sensibilizar a personal en atención a casos de orientación sexual e identidad de genero

MEXICALI.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la diputada morenista Liliana Michel Sánchez Allende, presentó un atento exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo De La Judicatura Del Poder Judicial Del Estado de Baja California, Magdo. Alejandro Isaac Fragoso López, para que atienda las quejas presentadas por la Mtra. Yvonne Ávila Méndez y el C. Anthuan González Zapien, en calidad de abogada litigante y promovente de cambio de nombre y género, así como para que sea capacitado el personal del Poder Judicial del Estado.

Lo anterior derivado de que se han interpuesto tres quejas ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, que no han sido resueltas y no han recibido respuesta por parte del Presidente del Tribunal, Alejandro Isaac Fragoso López, y del Secretario, Carlos Rafael Flores Domínguez, argumentando que por tratarse de un tema de género no han resuelto.

Además, que a esta situación le antecede la Acción Disciplinaria Urgente presentando a través de queja administrativa en contra de la C. Juez Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, la Licenciada Josefina Magaña Castillo, dentro del expediente 2765/2017.

“Estos hechos nos consternan por su presunta violación a los derechos de la comunidad de la diversidad sexual LGBT, concretamente a las personas Trans, al imponer requisitos excesivos como acreditar su identidad de género mediante exámenes físicos y periciales en materia psicológica, lo que violenta los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y varios tratados internacionales suscritos por México”, indicó la diputada inicialista.

Por lo anterior, se emitió el exhorto para efecto de que se atiendan las peticiones y quejas relativas al Juicio de Jurisdicción Voluntaria por cambio de nombre y género, y para efecto de que se instruya un programa de capacitación para el personal del Poder Judicial del Estado, incluyendo a juezas, jueces, magistradas, magistrados y personas consejeras de la judicatura, en materia de aplicación del  Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren la Orientación Sexual y la identidad de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.